Ley de procedimiento administrativo

¿Cómo es la ley?

La Ley de Procedimiento Administrativo, promulgada el 3 de abril de 1972, establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado [1][2]. Esta Ley se aplica a los procedimientos administrativos de la Administración Pública [3], así como a los actos que ésta realice. }

Esta Ley tiene como objetivo garantizar los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, publicidad, economía y celeridad para todos los procedimientos administrativos.

Establece los derechos y deberes de las partes interesadas, así como los requisitos mínimos para la válida celebración de los procedimientos administrativos [4][2]. También establece el régimen de recursos y los procedimientos de control y fiscalización.

Principales disposiciones de la Ley

Entre las principales disposiciones de esta ley se encuentran la obligación de las administraciones públicas de responder a los ciudadanos en un plazo determinado, la obligación de notificar los actos administrativos a los interesados, la posibilidad de que los ciudadanos formulen recursos y reclamaciones en defensa de sus derechos, y la obligación de las administraciones de resolver los asuntos en un plazo determinado.

La Ley de Procedimiento Administrativo ha sido modificada en varias ocasiones desde su promulgación en 1972, con el objetivo de adaptarla a las necesidades y a los cambios sociales y tecnológicos que se han producido en España en las últimas décadas.

Ley del Procedimiento Administrativo Común

La Ley del Procedimiento Administrativo Común regula las relaciones entre las Administraciones y los ciudadanos, incluyendo aspectos como el ejercicio de la autotutela por parte de las Administraciones y el ejercicio de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una ley española que establece las normas y los procedimientos que deben seguir las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos y entre sí. Esta ley sustituye a la anterior Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y su objetivo es modernizar y simplificar los trámites administrativos.

Entre las principales novedades que introduce la Ley 39/2015 se encuentran la utilización de medios electrónicos en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, la obligación de las administraciones de resolver los asuntos en un plazo máximo de seis meses, la regulación del procedimiento administrativo sancionador y la obligación de las administraciones de dictar actos administrativos que sean claros, precisos y suficientemente motivados.

Además, la Ley 39/2015 también regula el derecho de los ciudadanos a una buena administración, estableciendo las garantías que deben tener las personas en sus relaciones con la administración pública y los procedimientos para reclamar en caso de vulneración de esos derechos.

En resumen, la Ley 39/2015 es una norma fundamental para regular las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas en España, con el objetivo de garantizar una administración más eficiente, transparente y accesible.

Más información sobre esta Ley

Si desea obtener más información sobre la Ley de Procedimiento Administrativo, puede consultar el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que contiene detalles acerca de los principios y derechos contenidos en la Ley, así como sobre los procedimientos administrativos que se deben seguir [1][2]. También puede encontrar más información en el sitio web de la Asociación de Abogados, que contiene una sección dedicada a la Ley de Procedimiento Administrativo.

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